Este informe analiza si las leyes y políticas de Chile posibilitan que las niñas, niños y adolescentes accedan a sus derechos medioambientales.
En Chile, la Constitución establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como la obligación del Estado de proteger este derecho y velar por la conservación de la naturaleza. La Constitución también prevé futuras leyes que pueden establecer restricciones a las acciones que pongan en peligro el medio ambiente. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han concretado y desarrollado las protecciones constitucionales de los derechos medioambientales, y el Tribunal Supremo se ha referido a los derechos de las generaciones futuras en varias ocasiones.
Desde 2022, también existen protecciones extraconstitucionales en relación con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente sano, recogidas en la Ley 21.430. Esta ley reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y disfrutar de un medio ambiente sano y sostenible y obliga al Estado a adoptar progresivamente medidas adecuadas para la protección y sostenibilidad del medio ambiente para el disfrute de los niños, niñas y adolescentes. Existen otras leyes principales que regulan la protección del medio ambiente, como la Ley 19.300, que introdujo un marco legislativo para la regulación de la materia ambiental, con el objeto de dar contenido concreto y desarrollo legal adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
La población de diversas zonas de Chile, incluidos los niños, niñas y adolescentes, se ha visto afectada en varias ocasiones por los efectos nocivos de los tóxicos. Aunque estos casos han sido llevados ante la justicia y el Tribunal Supremo ha ordenado medidas al respecto, los responsables aún no han cumplido con éstas. En 2023, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente afirmó que los niños, niñas y adolescentes de Chile viven expuestos a sustancias químicas tanto en casa como en las escuelas e instó al Estado a actuar.
La Ley 21.430 reconoce los derechos de los niños a la reunión pacífica, la expresión, la asociación y la información desde 2022. En el pasado, tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité contra la Tortura han expresado su preocupación por las violaciones de los derechos del niño cometidas por las autoridades chilenas, especialmente en lo que respecta a los derechos de reunión pacífica, expresión y asociación. Entre ellas se incluyen el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad desmedida empleada por las autoridades para reprimir las protestas de los niños.
Este informe fue publicado en Marzo del 2024 y desarrollado con el apoyo de Julio Cortés Morales, así como finalizado en base a los comentarios del Estado. Para saber más, lea el informe completo a continuación, y por favor póngase en contacto si esta información fue útil y desea ampliar la conversación.