Abuso sexual infantil en la Iglesia católica de Irlanda
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[14 de enero de 2020]
El maltrato grave, el cual incluye los abusos sexuales prolongados, ha abundado en las instituciones de educación infantil católicas de Irlanda. Miles de menores afectados no podían escapar ni quejarse, y durante muchos años no tuvieron el valor de hablar debido al estigma. Casi dos décadas después de que se cerrara la última institución, una larga campaña dirigida por sobrevivientes que trabajaron codo con codo con periodistas llevó a la atención pública la enorme magnitud del problema a través de una serie de escalofriantes documentales en radio y televisión. Con el tiempo se lograron una disculpa estatal, una importante comisión de la verdad que duró diez años, y la reparación por medios económicos para los sobrevivientes. Irlanda se convirtió en un ejemplo que inspiró muchas otras investigaciones sobre abusos a niños y niñas a nivel mundial. A pesar de esto, las órdenes católicas responsables de los abusos en las instituciones irlandesas se han resistido repetidamente a rendir cuentas, y aún tienen que abonar la proporción convenida de los costes de reparación al fondo gubernamental. (Descarga este artículo en PDF.)
Contexto
Los abusos físicos, emocionales y sexuales y el abandono grave han sido habituales en las instituciones residenciales católicas para menores de Irlanda. Desde mediados del siglo XIX, miles de niños y niñas fueron apartados de sus familias y enviados a «escuelas industriales», reformatorios, orfanatos y centros de acogida. Las escuelas industriales, por ejemplo, se establecieron bajo la Ley de Escuelas Industriales de 1868 para alojar a «niños descuidados, huérfanos o abandonados» que se consideraban una amenaza para el orden social. Durante el siglo XX se internó a aproximadamente 170 000 niños en instituciones, presumiblemente por motivos de pobreza, mala salud de los progenitores, nacimiento fuera del matrimonio, monoparentalidad y separación familiar. Estas eran casi en su totalidad instituciones religiosas y en gran medida se libraban de rendir cuentas gracias a la influencia de la Iglesia católica sobre el gobierno, así como a una cultura constitucional inmemorial que prohibía la interferencia del Estado en los asuntos de la iglesia.
Las instituciones solían estar masificadas, proporcionaban una educación mínima o de baja calidad y en ellas abundaban el abandono y la crueldad, a la vez que estaban en gran medida aisladas del mundo exterior. En 1970, una investigación independiente sobre la idoneidad de las instituciones residenciales para menores irlandesas publicó el llamado Informe Kennedy, el cual descubrió unas condiciones tan terribles que dos instituciones cerraron inmediatamente. No obstante, se necesitaron 20 años más para que saliera a la luz la magnitud de los abusos a nivel nacional.
Christine Buckley
A pesar de la formidable magnitud del maltrato, muchos adultos que sufrieron abusos en las instituciones en la infancia temían hacer público su pasado por el estigma que conllevan los abusos a menores, mientras que otros pensaban que nadie les creería. Christine Buckley estuvo entre los primeros sobrevivientes en hablar, y su testimonio sobrecogió al público irlandés.
Christine nació en Dublín, fruto de una aventura entre una mujer casada de 31 años y un estudiante de medicina nigeriano de 20. Con tres semanas de vida la llevaron a una casa de acogida y, en 1950, con cuatro años, la enviaron al orfanato Goldenbridge, una institución católica regentada por las Hermanas de la Misericordia.
Las monjas de Goldenbridge gobernaban la institución a golpe de terror, infligiendo a las niñas bajo su tutela unos abusos y un maltrato estremecedores. Llamaban a las menores por un número en lugar de por su nombre. Christine, conocida como 89, en una ocasión recibió tal paliza que necesitó 100 puntos en una pierna. En otra, vertieron agua hirviendo sobre su muslo.
Mucho tiempo después de dejar Goldenbridge, con 37 años, Christine al fin encontró a su madre, que se negó a ponerse en contacto con ella. Sin embargo, su padre, en Nigeria, respondió a la de ella con una carta que comenzaba con «Querida hija:». Cuando el padre de Christine visitó Irlanda en 1992, se puso en contacto con un antiguo amigo de la universidad, Al Byrne, hermano del presentador Gay Byrne, que se interesó por el caso de Christine. Se invitó a Christine a que contara su historia en el programa de radio The Gay Byrne Show, de la emisora nacional RTÉ, tras lo cual miles de oyentes se pusieron en contacto con ella con historias similares de graves abusos en instituciones católicas o pidiendo ayuda para encontrar a sus padres.
En aquel momento, Christine era prácticamente una voz solitaria buscando justicia para sí misma, pero pronto se dio cuenta de que también estaba luchando por miles de sobrevivientes. Posteriormente, su marido, Dónal, declararía: «Sufrió mucho allí. La forma en la que recordó ese sufrimiento, la forma en la que lo explicó, le llegó al corazón a mucha gente que había estado en la misma situación, y entonces ellos se abrieron también».
En 1996, Christine relató sus recuerdos del Goldenbridge en un docudrama para RTÉ. Con Dear Daughter («Querida hija») aparecieron por primera vez en televisión los abusos que sufrieron los niños y las niñas en las escuelas industriales de Irlanda. El director del documental lo convirtió posteriormente en una serie que narraba las historias de otros sobrevivientes. Esa serie y otros programas documentales de los años siguientes ayudaron a llevar la verdad a las portadas de los periódicos y a atraer la atención de todo el país.
Dear Daughter utilizó la dramatización para representar el régimen de Goldenbridge. Una sobreviviente contó que rompió accidentalmente una imagen de la Virgen María mientras jugaba. La castigaron a pasar la noche de pie en la pose de la Virgen. Las palizas, los castigos con agua hirviendo y los bebés atados a bacinillas eran imágenes muy duras, pero Dear Daughter tuvo mucha audiencia. Christine dijo que, a pesar de las «negativas y los desplantes por parte de los religiosos y de sus defensores en el entorno laico, así como de ciertos miembros de los medios de comunicación», en general los espectadores estaban del lado de los sobrevivientes y sus historias.
Presión para obtener una disculpa y una comisión de la verdad
Christine pidió ayuda a los principales partidos políticos en nombre de los sobrevivientes que se habían puesto en contacto con ella. «Mis peticiones iban desde solicitar una comisión de la verdad para descubrir qué pasó en esas instituciones y por qué, hasta el suministro de asesoramiento y educación para las víctimas de abusos», recordó más tarde. En 1995 Christine se puso en contacto con Bertie Ahern, el entonces líder de la oposición, en cuya circunscripción se encontraba, de hecho, el orfanato Goldenbridge en el que creció Christine.
A principios de 1999, frustrada con las respuestas «cortas» de los políticos, Christine se reunió con un grupo de personas que también había vivido en estas instituciones con el entonces ministro de Educación, Micheál Martin. Bertie Ahern, que para entonces ya era Taoiseach (primer ministro irlandés ), también asistió a una segunda reunión con el ministro de educación y habló de su plan de ofrecer una disculpa pública y una comisión nacional de la verdad.
Mientras tanto, otro documental de la RTÉ, States of fear («Estados de miedo»), exponía los abusos en otras instituciones infantiles. El documental llevó el debate sobre los abusos en las instituciones a su punto álgido de interés en todo el país.
El 11 de mayo de 1999, Bertie Ahern se disculpó en nombre del pueblo irlandés con todos aquellos que habían pasado su infancia en instituciones residenciales regentadas por organizaciones religiosas, y estableció la Comisión para la Investigación del Abuso a Niños. La disculpa fue concreta, identificaba claramente el daño causado, reconocía el fracaso a la hora de actuar y ofrecía una reparación significativa. Bertie Ahern recordó: «Desde mi punto de vista, la disculpa era completamente necesaria. A estas personas se les había arruinado sus vidas [...] y no hacía falta tener estudios o ningún tipo de cualificación para ver que estas personas estaban destrozadas a causa del trauma que habían sufrido».
Poco después se publicó la Ley sobre la Prescripción (Enmienda) de 2000, la cual modificaba la legislación con carácter retroactivo para facilitar el enjuiciamiento de casos pasados. La enmienda reconocía que un sobreviviente de abusos sexuales en la infancia a menudo no es capaz de contarlo durante muchos años, por lo que anulaba el límite habitual de tres años para solicitar una indemnización en casos en los que los abusos a un menor habían causado daños psicológicos.
Tras la disculpa, grupos como One in Four («Uno de cada cuatro»), Irish Survivors of Child Abuse («Sobrevivientes irlandeses de abusos en la infancia») y el Centro Aislinn (fundado por Christine Buckley) realizaron una intensa campaña para que el gobierno actuara. Christine estableció una red de exresidentes de estas instituciones que llamaban a cada puerta hasta que les escuchaban. Además de presionar al gobierno y a los políticos, los sobrevivientes de abusos comenzaron a encausar a los autores de abusos, al Departamento de Educación y a las órdenes religiosas.
Comisión de la verdad
La nueva comisión de la verdad independiente, establecida bajo la Ley de la Comisión para la Investigación de Abuso a Niños de 2000, comenzó a indagar de modo exhaustivo sobre los abusos en centros de acogida durante la mayor parte del siglo XX. Se examinaron cuatro tipos de abusos: físicos, sexuales y emocionales, así como el abandono. La investigación ofreció la oportunidad a los sobrevivientes de contar su historia.
Aunque la Comisión fue centro de algunas críticas, consiguió convertirse en una de las investigaciones más significativas sobre abusos a menores a nivel mundial. Fue la primera investigación de este tipo con un objetivo terapéutico más que de simple recogida de datos. Un subcomité de la Comisión, el Comité Confidencial, escuchó a 1 090 testigos, la mayoría de 50, 60 o 70 años, que hablaron en secreto y no fueron interrogados. Otro subcomité, el Comité Investigador, recogió pruebas y se pronunció en casos de abusos a menores. Los sobrevivientes de 215 instituciones regentadas por la Iglesia declararon que los recuerdos de abusos en su infancia habían arruinado sus vidas en la edad adulta. Narraron episodios de relaciones turbulentas y pérdida de contacto con sus familias, dificultades a la hora de educar a sus hijos y vidas marcadas por la pobreza, el aislamiento social, el alcoholismo, las enfermedades mentales, la agresividad y las autolesiones. Los abusos fueron tan graves y de tal magnitud que hicieron que los objetivos terapéuticos de la Comisión parecieran bastante superficiales e ingenuos, pero el modelo de escuchar el testimonio de los sobrevivientes dio forma al enfoque de las consiguientes investigaciones en todo el mundo.
Las instituciones católicas se mostraron evasivas, y al principio se resistieron a las peticiones de pruebas. Tras dos años, los Hermanos Cristianos, el mayor administrador de centros de acogida para varones menores de edad, reveló en una audiencia pública que sus archivos de Roma contenían pruebas de 30 juicios canónicos a clérigos hombres, los cuales se basaban en incidentes probados de abusos sexuales a niños bajo su tutela desde los años 1930. Seán Ryan, presidente de la Comisión, declaró:
«Adoptaron una posición defensiva muy agresiva... Habría sido más fácil si hubieran dicho ‘Sabemos que estas instituciones abusaron de los menores, sabemos que no podían funcionar’. Recuerdo con certeza un caso en el que le escribieron [...] a su superior en Italia y contestó sobre ‘el problema de siempre’».
Para cuando terminó la investigación nacional, la Comisión había inspeccionado las instituciones residenciales regentadas por 18 organizaciones religiosas entre mediados de los años 1930 y 1970. La Comisión halló que el clero católico había aterrorizado durante décadas a miles de niños y niñas en instituciones residenciales, con prácticas que incluían palizas, violaciones y humillaciones continuas, y que los inspectores del gobierno no habían sido capaces de detener los abusos.
Se presentaron más acusaciones contra los Hermanos Cristianos que contra todas las demás órdenes en conjunto. La Comisión descubrió que los abusos sexuales, los cuales se solían asociar con violencia física, incluían «inspecciones de genitales, besos, tocamientos de los genitales, masturbación del testigo por parte del autor de los abusos y viceversa, sexo oral, violaciones y violaciones en grupo». Frente a las pruebas de abusos sexuales, la respuesta habitual de las autoridades religiosas era transferir al agresor a otra ubicación, en la que podía volver a abusar de menores. Las niñas supervisadas por órdenes de religiosas, principalmente por las Hermanas de la Misericordia, sufrieron menos abusos sexuales, pero padecieron ataques y crueldad graves y generalizados. El informe también mencionaba abundantes abusos emocionales.
Diez años después de la constitución de la Comisión, su informe final, conocido como el Informe Ryan, contenía 2 600 páginas y hacía 20 recomendaciones, todas las cuales fueron aceptadas por el gobierno irlandés. Después de esto, los Hermanos Cristianos se disculparon con los sobrevivientes, pero evitaron mencionar ningún tipo de compensación. Seán Ryan comenta: «Para cualquiera que sepa cómo funcionan las palabras era evidente que [la disculpa] la había escrito un abogado... Estaba calculado que no dijera nada».
Reparaciones
La Ley de Reparación de las Instituciones Residenciales (2002) comenzó a incorporar las recomendaciones de la Comisión, estableciendo la Junta de Reparación de las Instituciones Residenciales (RIRB por sus siglas en inglés), que evaluaría solicitudes de «recompensas justas y razonables» para los sobrevivientes de abusos en las instituciones. Cuando las pruebas de daños cumplían unos criterios de verosimilitud bastante flexibles, la RIRB otorgaba una compensación sin necesidad de interrogatorio; otras demandas (33 por ciento del total) procedían a una audiencia probatoria cuasijudicial. Las indemnizaciones se concedían según la gravedad del abuso (sexual, físico o emocional, y abandono indebido) y la gravedad del perjuicio causado por el abuso. Este perjuicio se refería a enfermedades físicas o psiquiátricas y a secuelas psicosociales, como problemas en la vida familiar, consumo de sustancias o pérdida de oportunidades. Los solicitantes que se presentaban ante la RIRB se beneficiaban de una extensa red de apoyo que incluía asistencia jurídica, búsqueda en los registros y asesoramiento. Las organizaciones dirigidas por sobrevivientes, como el Centro Aislinn, Right of Place («Derecho de lugar») y One in Four, también ofrecían ayuda centrada en los sobrevivientes. El plan de reparación se difundió ampliamente en revistas, periódicos, radio y televisión.
Para 2014, el plan de reparación había indemnizado a 15 579 personas, cada una de las cuales recibió 62 250 € de media, siendo el coste total de 1 500 millones de euros. La financiación provenía del Departamento de Educación y no estaba limitada. Entre 2014 y 2018, aquellos que recibieron pagos de la RIRB o de otros acuerdos podían solicitar apoyo adicional de Caranua, un fondo especial para acceder a asistencia sanitaria, de alojamiento y educativa, que incluía servicios como tratamientos dentales, atención domiciliaria, asesoramiento y servicios psiquiátricos.
El gobierno Irlandés buscó acuerdos económicos con las órdenes religiosas implicadas, las cuales terminaron por acceder a pagar 128 millones de euros, sobre todo en propiedades, al fondo de compensación a cambio de inmunidad en todas las acciones legales emprendidas contra ellos en el futuro. A causa de esto, la Comisión abandonó su intención de nombrar a los presuntos autores de abusos, una decisión que fue fuertemente criticada por los sobrevivientes. Además, los sobrevivientes tenían que detener cualquier procedimiento civil propio para poder presentar sus solicitudes a la RIRB. En 2009, tras la publicación del Informe Ryan, las órdenes religiosas aceptaron revisar su contribución, y ofrecieron 350 millones de euros más, pero más tarde los Hermanos Cristianos retiraron su parte de la oferta. Hasta junio de 2019, las órdenes religiosas han pagado un total de 105 millones de euros en propiedades, lo que ni tan siquiera cumple el objetivo del acuerdo de 2002.
Investigaciones de diócesis concretas
Mientras la Comisión para la Investigación de Abuso a Niños constituía un intento a nivel nacional de indagar sobre los abusos a menores en escuelas industriales y en otras instituciones dirigidas por órdenes eclesiásticas, se realizaron también tres investigaciones menores sobre abusos a niños y niñas, incluido el abuso sexual, en diócesis católicas concretas.
En 2008 se lanzó una investigación sobre prácticas de protección infantil en la diócesis de Cloyne, después de que la Junta Nacional para la Salvaguarda de los Niños enla Iglesia Católica de Irlanda criticara la gestión inadecuada de las denuncias de abusos. El Informe Cloyne, que se publicó en 2011, revisó acusaciones de abusos sexuales a niños y niñas por parte del clero entre 1996 y principios de 2009 que involucraba a 19 clérigos, y reveló que la diócesis no había informado de las acusaciones de abusos a menores a la policía hasta 2005, en contra de los procedimientos de la propia Iglesia. Estos hallazgos eran similares a los de las comisiones de investigación anteriores de Ferns y Murphy sobre la gestión de las acusaciones de abusos sexuales en el pasado tanto por parte de la Iglesia como de las autoridades estatales.
A pesar de la gravedad de los delitos, muy pocos autores de abusos han sido condenados. Según un informe de 2011 de Amnistía Internacional Irlanda, no se han presentado acusaciones penales contra los líderes de la Iglesia católica que ocultaron los delitos y permitieron que consabidos autores de abusos sexuales siguieran en contacto con niños y abusaran de ellos casi impunemente.
Impacto
Christine Buckley, conocida como una «heroína irlandesa del siglo XXI», fue la primera en luchar públicamente por las necesidades de exresidentes de estas instituciones e impulsó el movimiento que logró la disculpa estatal de Irlanda, una comisión de la verdad nacional y un plan de reparación para aquellos que habían sufrido abusos a manos de la Iglesia. El antiguo ministro de Justicia de Irlanda, Alan Shatter, describió su trabajo como «crucial para cambiar la percepción irlandesa de los abusos en las instituciones y llevó a una nueva era de protección del menor en este Estado». Christine falleció en 2014.
El año 2019 marca el 20.º aniversario desde la disculpa estatal y una década desde el Informe Ryan, pero ¿qué han supuesto estos para la gente de Irlanda? La Comisión Ryan y otras investigaciones públicas condujeron a una serie de reformas legislativas que han permitido revisar el sistema de protección de los menores en el país. Entre ellas están el establecimiento del Departamento de Asuntos relativos a la Infancia y la Juventud en 2011 y el de la Agencia de la Familia y el Niño en 2014. Las investigaciones públicas también han desempeñado un importante papel a la hora de obtener apoyos para un referéndum constitucional en 2012, el cual introducía los derechos del niño y la niña en la Constitución irlandesa. Las peticiones de más responsabilidad han logrado además que se introduzca la obligatoriedad de denuncia para invalidar el «secreto de confesión» en la Ley de Justicia Penal (Ocultación de Información sobre Delitos contra los Niños y las Personas Vulnerables) de 2012.
El impacto en la Iglesia católica también ha sido notable. Desde que la magnitud de los abusos comenzó a llegar a oídos de la población, la reputación de la Iglesia se ha visto dañada y se han puesto en duda su autoridad y en peligro su históricamente cercana relación con el Estado. Al mismo tiempo que la asistencia a la iglesia ha caído, un reciente ataque conservador sobre los derechos de la comunidad LGBT y los derechos reproductivos en toda Europa, especialmente en países de mayoría católica, no ha logrado consolidarse en Irlanda. Se cree que este drástico cambio en las relaciones Iglesia-Estado es uno de los motivos por los que se aprobó la ley sobre el matrimonio homosexual en 2015 y se legalizó el aborto en 2018.
Sin embargo, aún quedan retos por superar. El sistema judicial penal de Irlanda no ha sido eficaz a la hora de ofrecer compensaciones por la traumática experiencia que supone sufrir abusos sexuales en la infancia, y muy pocos de estos delitos se han llevado a los tribunales. La aplicación de prácticas de salvaguarda de los menores en órdenes religiosas sigue siendo desigual, a causa de una persistente cultura de secretismo y falta de rendición de cuentas. Otro asunto problemático es la negativa de la Iglesia católica a proporcionar acceso permanente a sus archivos y a aumentar su contribución económica para las investigaciones y la reparación.
No obstante, los cambios sociales y culturales han sido inmensos. Las encuestas indican que una enorme mayoría de los irlandeses se siente claramente responsable de esta oscura época de la historia del país. Y esto ha logrado una actitud pública nacional de tolerancia cero con los abusos sexuales a niños y niñas, el fin de la culpabilización de las víctimas y que las autoridades se tomen las denuncias de abusos más en serio.