Abuso sexual infantil en la Iglesia católica de Australia
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[8 de enero de 2020]
Durante muchos años la Iglesia católica de Australia se resistió a rendir cuentas por los abusos sexuales a niños y niñas en sus instituciones. En particular, las instituciones residenciales eran también lugar de abandono y crueldad generalizados. Sin embargo, los relatos persistentes de los sobrevivientes y el periodismo de investigación terminaron por llevar a una comisión de la verdad (2013-17) en forma de una Comisión Real, la cual tenía la tarea de investigar los abusos sexuales a menores en todas las instituciones del conjunto de Australia, incluidas las religiosas. Este artículo examina el proceso de instauración de la comisión y su impacto tras la publicación de sus conclusiones y recomendaciones.
Un siglo de abusos
Varios miles de niños y niñas sufrieron abusos sexuales graves y reiterados en las instituciones religiosas de Australia, especialmente en las pertenecientes a la Iglesia católica. La Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales a Niños, que publicó sus conclusiones en 2017, escuchó casos de abusos en 964 instituciones católicas, tales como iglesias, escuelas religiosas y centros de acogida. Los abusos consistían en tocamientos, masturbación y, en más de la mitad de los casos, violaciones. Estos iban a menudo acompañados de otras formas de abuso, como castigos físicos, humillaciones y abandono crónico.
Los niños y niñas afectados solían tener entre 10 y 14 años, aunque muchas víctimas, especialmente las niñas, eran más pequeñas. La mayoría sufrió estos abusos en repetidas ocasiones. Tras escuchar el testimonio de miles de sobrevivientes, la Comisión calculó una duración media aproximada de los abusos de 2.4 años, y 3.7 en instituciones residenciales. Más del 60 por ciento de los sobrevivientes que relataron a la Comisión haber sufrido abusos en una institución religiosa los vivieron en organizaciones eclesiásticas cristianas, la mayoría de las cuales pertenecían a la Iglesia católica romana.
Con una representación notablemente elevada entre las víctimas encontramos a las llamadas «generaciones robadas», niños de origen aborigen e isleños del estrecho de Torres que fueron separados a la fuerza de sus familias y su entorno por medio de una política asimilacionista que les internó en centros de acogida entre 1905 y la década de 1970. Los abusos sexuales a estos niños y niñas se convirtieron en un factor agravante en su vivencia de la colonización cultural, la cual denigró su propia cultura y les denegó el acceso a su comunidad de origen.
La Comisión halló que varios factores contribuyeron a crear las condiciones que propiciaron los abusos. Uno de ellos eran las ubicaciones remotas de algunas instituciones eclesiásticas de Australia, lo cual alejaba a los autores de abusos de la rendición de cuentas y a las víctimas, de los medios para denunciar. Otro era la relación religiosa entre el autor de los abusos y la víctima, ya que a menudo se culpaba a esta en términos teológicos por los abusos que sufría; por ejemplo, se amenazó a algunas víctimas con que «irían al infierno» si se resistían o algunos tenían que pedirle perdón al agresor por el «pecado» de haber recibido abusos. Esto tenía un impacto adicional y «espiritual» en los y las menores, según la Comisión:
«Aunque los sobrevivientes nos hablaban de secuelas comunes en todos los tipos de instituciones, como problemas de salud mental, consumo de sustancias, consecuencias en la salud física y dificultades para relacionarse, también se mencionaron secuelas específicas en las víctimas de abusos en instituciones religiosas. Estas incluían confusión espiritual, pérdida de fe religiosa, ostracismo de las comunidades religiosas, separaciones en las familias religiosas y pérdida de confianza en aquellos en posiciones de autoridad o liderazgo religiosos».
Por estos mismos motivos, los sobrevivientes de abusos en las instituciones religiosas solían enfrentarse a barreras adicionales para denunciar. El tabú que constituye el sexo en la cultura eclesiástica impedía que saliera a la luz la violencia sexual, especialmente cuando una denuncia tenía el potencial de dividir a una familia o comunidad religiosa muy devota. El estatus privilegiado del clero como una profesión venerada y de confianza puso a los sobrevivientes en una posición de desventaja a la hora de denunciar. Los denunciantes a menudo eran castigados por hablar con métodos tales como castigos corporales (azotes), más abusos sexuales y, en uno de los casos que escuchó la Comisión, frotando los genitales de la víctima para «limpiar» el pecado. Por este y otros motivos, la Comisión concluyó que los sobrevivientes tardaban una media de 24 años en denunciar los abusos que habían sufrido en la infancia.
En algunas ocasiones, las víctimas de abusos se resistían, pero su oposición se reprimía rápidamente. Por ejemplo, cuando el hermano Edward Dowlan violó a su alumno, Paul Tatchell, en un internado católico, el niño lo derribó e intentó huir para llamar a sus padres. El director, que también abusada de menores, respondió encerrando a Paul en un armario de la limpieza toda la noche y, después, expulsándolo.
Al igual que en el caso del hermano Dowlan, la gran mayoría de autores de abusos sexuales en la Iglesia católica eran miembros del clero o tenían otras funciones oficiales en la Iglesia. Entre 1950 y 2010, más de 1200 miembros del clero católico de Australia fueron acusados de abusos a menores. Como indicativo de la magnitud de los abusos, la Comisión calculó que, durante el mismo período de 60 años, el siete por ciento de los sacerdotes católicos del país eran presuntos autores de abusos sexuales a niños y niñas. En una orden monástica, la Orden de San Juan de Dios (conocidos comúnmente como los hermanos hospitalarios), dos quintos de todos sus miembros eran presuntos autores de abusos.
La respuesta de la Iglesia
En vista de su magnitud, los clérigos de alto rango y la comunidad congregacional estaban al tanto de que los abusos sexuales a menores eran un problema común en el conjunto de Australia; y a menudo también sabían quiénes eran los presuntos autores de los abusos. No obstante, en las décadas previas al establecimiento de la Comisión Real, la Iglesia respondió con alegatos de ignorancia, negación, minimización e inmovilismo, y llegó a conspirar para proteger a los agresores. La Comisión señaló la existencia de una cultura institucional que «permitía los abusos y silenciaba a las víctimas». Un sacerdote, por ejemplo, había confesado su historial de abusos sexuales a menores a hasta 30 sacerdotes en un período de 25 años, pero durante este tiempo no se tomó ninguna medida para evitar que siguiera cometiendo estos delitos ni se le denunció a la policía.
La Iglesia definió el problema como un caso de deficiencia espiritual de los autores de abusos, en lugar de como un delito con efectos traumáticos y duraderos en los niños y las niñas que sufrieron abusos. La Iglesia católica de Australia no instituyó la obligatoriedad de denuncia de las acusaciones a la policía hasta 2010. Hasta entonces, el traslado de los agresores a otras instituciones, en las que tenían libertad para volver a cometer abusos, era una práctica común. Los miembros del clero investigados no eran suspendidos y rara vez se les excomulgaba, incluso cuando se demostraba que habían estado abusando de menores. «Algunos autores de abusos continuaron delinquiendo después de múltiples respuestas tras las acusaciones iniciales y sucesivas de abusos sexuales a menores», concluyó la Comisión, que condenó la respuesta de la Iglesia sobre este asunto calificándola de «incomprensible».
Por ejemplo, el sacerdote Gerald Ridsdale llegó a ser condenado en cuatro ocasiones por más de cien delitos contra menores, pero en su primer juicio le defendió un compañero sacerdote. Este testigo de la defensa, George Pell, había formado parte del grupo clerical que decidió trasladar a Ridsdale de la parroquia, el cual había mencionado como único motivo en el momento que el traslado «era necesario». Más tarde, el propio Pell fue condenado por abusos sexuales a menores, pero no antes de convertirse en Cardenal y jefe de la Iglesia católica de Australia.
Por ejemplo, el sacerdote Gerald Ridsdale, que había sido trasladado de una parroquia a otra a raíz de denuncias por abusos sexuales, llegó a ser condenado en cuatro ocasiones por más de cien delitos contra menores. Acompañando a Ridsdale a su primera aparición ante un juez en 1993 estaba el entonces sacerdote George Pell, quien se ofreció a proporcionar una referencia de “carácter”, a pesar de que finalmente no lo hizo. Pell había formado parte del grupo clerical que decidió trasladar a Ridsdale de la parroquia, el cual había mencionado como único motivo en el momento que el traslado «era necesario». Más tarde, el propio Pell fue condenado por abusos sexuales a menores, pero no antes de convertirse en Cardenal y jefe de la Iglesia católica de Australia. (Actualización: luego de una apelación ante el Tribunal Superior, Pell fue absuelto en abril de 2020).
En algunos casos, se demostró que los dignatarios eclesiásticos habían ocultado pruebas a la policía. En otros, la jerarquía policial confabulaba con la Iglesia para boicotear las investigaciones. Por ejemplo, cuando un agente de policía, Denis Ryan, intentó indagar sobre acusaciones fiables de abusos sexuales a menores, sus superiores se lo impidieron y le retiraron de su puesto de trabajo, por lo que recibió una disculpa oficial muchos años después.
En 2001, tras décadas de abusos sexuales habituales en la Iglesia católica de Australia, el papa Juan Pablo II formuló una disculpa breve y vaga en la página 46 de una exhortación apostólica (un tipo de comunicado papal) a la Iglesia de Oceanía. Aunque mencionaba los «grandes sufrimientos» causados a las víctimas, la disculpa calificaba los delitos como errores espirituales que habían dañado a la Iglesia. En 2008, cuando los casos de abusos comenzaron a atraer la atención pública, el papa Benedicto emitió otra disculpa durante una visita a Australia. Describió los abusos sexuales a menores como «fechorías», sostuvo que «compartía» el sufrimiento de sus víctimas e instó a los católicos de Australia a confiar en sus obispos para ocuparse del problema.
Ninguna de estas disculpas reconocía el alcance de los continuados abusos sexuales a menores en la Iglesia o el inmovilismo y la complicidad de la jerarquía eclesiástica, y ninguna de las declaraciones consideraba los abusos un delito grave ante la ley. Además, ninguna de las disculpas mencionaba intención alguna de proporcionar reparaciones o una compensación económica a los sobrevivientes.
Campaña de los sobrevivientes por la justicia
En vista de la persistente incapacidad de la Iglesia para responder a los abusos a menores, los sobrevivientes y sus aliados han asumido el liderazgo para luchar por un cambio. En la década de 1990, un movimiento de sobrevivientes de abusos en las instituciones australianas a lo largo del siglo XX comenzó a luchar eficazmente por la reparación para aquellos que habían sufrido abusos mientras se encontraban en centros de acogida; la Red Australasia de Extutelados (Care Leavers Australasia Network, CLAN por sus siglas en inglés) se fundó en el año 2000. CLAN, que combina el trabajo de los sobrevivientes con el periodismo de investigación, logró aumentar el interés de la población sobre este asunto y lo colocó en la agenda política, lo que fue el origen de varias comisiones de la verdad a nivel estatal y federal. Estas solían centrarse en algunos estados, tipos de instituciones, grupos de víctimas y períodos temporales.
El primer gran avance en el camino hacia la Comisión Real llegó con la publicación en 2010 de Hell on the Way to Heaven («Infierno de camino al cielo»), de Chrissie Foster. El párroco local de Chrissie, Kevin O’Donnell, había violado repetidamente a dos de las tres hijas de esta, Emma y Katie, las cuales no revelaron los abusos. Para cuando Chrissie y su marido se enteraron, Emma sufría anorexia y se autolesionaba, y hubo que ingresarla en una unidad psiquiátrica. Murió de sobredosis en 2008. El trauma de Katie la llevó a un problema de alcoholismo. Un día reveló los abusos de O’Donnell en una nota de suicidio. Katie no murió, pero sufrió graves daños cerebrales al ser atropellada por un conductor borracho. Cuando O’Donnell fue al fin condenado, la familia rechazó la oferta mínima de la Iglesia de 50 000 dólares australianos (unos 34 000 dólares estadounidenses) como compensación. Más adelante Chrissie declaró para el periódico The Age que cuando el cardenal Pell (por entonces arzobispo) visitó a la familia para animarles a aceptar la oferta, mostró una «falta de empatía sociópata». Relató que les dijo: «Si no te gusta lo que estamos haciendo, llévanos ante los tribunales». La familia lo hizo y tras un proceso de diez años se les concedió una suma mucho mayor como compensación. Al exponer los abusos del párroco a las dos niñas, el impacto increíblemente traumático de estos y la respuesta interesada de la Iglesia, Hell on the Way to Heaven sobrecogió a la población y llevó a una investigación parlamentaria en el estado de Victoria.
Mientras tanto, las periodistas Joanne McCarthy y Suzanne Smith, así como Paul Kennedy, que colaboró con Chrissie en su libro, siguieron cubriendo cientos de historias de abusos en la Iglesia. Presionaron para que se creara una Comisión Real, pero ese momento no llegaría hasta tres años después, cuando un agente de policía de alto rango habló sobre el tema en la televisión nacional. Durante sus 35 años de vida profesional, el Detective Inspector Jefe Peter Fox había investigado casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia y cómo la jerarquía había evadido la justicia. En 2012 asistió a una reunión de sobrevivientes y escuchó sus testimonios. Tras «ver tanto dolor en aquella sala», rompió filas con sus superiores al escribir una carta abierta solicitando una Comisión Real. Afirmaba: «Puedo atestiguar, por experiencia propia, que la Iglesia encubre, silencia a las víctimas, pone trabas a las investigaciones policiales, alerta a los agresores, destruye pruebas y traslada a los sacerdotes para proteger el buen nombre de la Iglesia...».
Más tarde Peter Fox apareció en el programa Lateline de la cadena ABC, llegando así a una gran audiencia. Abrió la entrevista con un ejemplo especialmente perturbador de abuso que había investigado:
«Un chico joven... tenía 12 años cuando el sacerdote [James Fletcher] lo llevó a un apartado parque a las afueras de Maitland. Le dijo que se quitara los pantalones y el niño no tenía ni idea de qué pasaba y estaba bastante avergonzado, pero ese sacerdote en concreto le penetró analmente. El niño en aquel momento no sabía que le había desgarrado el ano y empezó a sangrar. Estaba gritando de dolor en el asiento y los nudillos se le empezaron a poner blancos; el sacerdote seguía penetrándole mientras [el niño] chillaba, y le dijo que se concentrara en la cruz de San Cristóbal en el salpicadero y lo mirara balancearse de adelante atrás para intentar distraerse del dolor. El sacerdote no aminoró en ningún momento... e incluso cuando terminó no se preocupó para nada por el niño y simplemente se recostó en el asiento del conductor y se fumó un cigarro mientras [el niño] sollozaba».
Unos días después de la entrevista en Lateline, la primera ministra Julia Gillard anunció una Comisión Real, el tipo de investigación con más poder de Australia.
Una comisión de la verdad
La Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales a Niños investigó los abusos sexuales a niños y niñas en todos los «contextos institucionales», como orfanatos, reformatorios, centros deportivos, organizaciones juveniles y las fuerzas armadas. La Comisión tenía la tarea de hacer recomendaciones para la reparación y la protección de los niños y las niñas en el futuro. Los comisarios escucharon a cerca de 7981 sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia y recibieron 1344 testimonios más por escrito; muchos de los sobrevivientes tenían el apoyo de CLAN para narrar sus historias. No obstante, la cifra real de niños y niñas afectados sigue desconociéndose, según la propia Comisión, pero probablemente se trata de decenas de miles.
El informe de 21 volúmenes de la Comisión se publicó en 2017. Reconocía que el abuso sexual a menores es «la mayor de las violaciones personales» y registró que:
«Muchos [sobrevivientes] hablaron de que se les había robado la inocencia, habían perdido su infancia, les habían arrebatado su educación y su futura carrera profesional, y habían dañado sus relaciones personales. Para muchos, el abuso sexual es un trauma del que nunca podrán escapar... También hemos sido testigos de una extraordinaria determinación y resistencia personal entre las víctimas y los sobrevivientes. Hemos visto a muchos sobrevivientes que, con ayuda profesional y el apoyo de otros, han dado pasos significativos hacia la recuperación».
El enfoque de la Comisión, que se basó en un modelo utilizado por los servicios diplomáticos, fue elogiado. Un sobreviviente, John Ellis, declaró para ABC News que se sentía «escuchado por primera vez»; «La propia selección de comisarios ha sido muy acertada. Cómo se han comportado con la gente... en sesiones privadas, y lo que le han dado a estas personas, es impagable. Tratan a los sobrevivientes que se les acercan como si fueran dignatarios».
Una vez que había comenzado la investigación de la Comisión, algunos clérigos de alto rango comenzaron a reconocer la gravedad de los errores cometidos por la Iglesia. El arzobispo Coleridge, de la archidiócesis de Brisbane, admitió que la respuesta de la Iglesia a los abusos sexuales por parte de sus clérigos era un «colosal error de conocimiento» y un «colosal error de liderazgo». Su compañero, el arzobispo Costelloe, de Perth, dijo que los hallazgos de la Comisión señalaban a:
«[un] descomunal error por parte de la Iglesia católica de Australia a la hora de proteger a los niños y las niñas de sus agresores y autores de abusos; una determinación equivocada por parte de los líderes del momento que antepusieron los intereses de la Iglesia a los de los más vulnerables; y una corrupción del evangelio que la Iglesia pretende profesar. Como católicos, se nos cae la cara de vergüenza».
No obstante, la Iglesia no cooperó completamente con la investigación. En 2014 la Comisión pidió al Vaticano que entregara «archivos sobre las acusaciones de abusos sexuales por parte del clero en Australia», pero le respondió que esto «no era ni posible ni apropiado». El cardenal Pell, antes de su propia condena por abusos sexuales a menores, también desestimó la petición de la Comisión, la cual calificó de «inaceptable».
Resultados
El gobierno federal de Australia y la Iglesia católica se han comprometido a aplicar la mayoría de las recomendaciones de la Comisión. La mayor parte se publicaron antes de que concluyera la investigación de cinco años, para así fomentar que los cambios urgentes se produjeran lo antes posible. En 2018, el entonces primer ministro Scott Morrison emitió una disculpa nacional.
Es significativo que en 2019 la Iglesia adoptó nuevas normas de salvaguarda, las cuales las desarrolló una organización independiente y se evaluaron con arreglo a las obligaciones legales de la Iglesia y las recomendaciones de la Comisión.
Sin embargo, la Iglesia también se ha resistido a algunas de las recomendaciones, como la petición de la Comisión de que se eliminen políticas que «eviten, dificulten u obstaculicen el cumplimiento de las leyes de obligatoriedad de denuncia por parte de obispos o superiores religiosos». Una de estas políticas es el «sigilo sacramental» o secreto de confesión. En declaraciones de 2019, el arzobispo Comensoli, de la archidiócesis de Melbourne, dijo que consideraba que el sigilo es sagrado y que no denunciaría sus sospechas de abuso a la policía si saliera a la luz durante una confesión. No obstante, las legislaturas federal y estatal están actualmente preparando una nueva legislación para que la denuncia sea obligatoria, como ya lo es en otros contextos profesionales.
Además, los sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia ya no se enfrentarán a límites temporales a la hora de tomar medidas legales en casos del pasado, ya que varios estados y territorios australianos han emprendido reformas tras el establecimiento de la Comisión Real. El estado de Victoria derogó la prescripción para demandas civiles relacionadas con abusos sexuales o físicos a menores en 2015, mientras que el de Nueva Gales del Sur y el de Queensland siguieron su ejemplo en 2016 y el estado de Australia Meridional, en 2018.
En 2018, la Iglesia se adscribió al Plan de Reparación Nacional, el cual CLAN llevaba muchos años reivindicando y que formaba parte de las recomendaciones de la Comisión. Anteriormente, la Iglesia ya había pagado 276 millones de dólares australianos (188 millones de dólares estadounidenses) a 3066 sobrevivientes de abusos entre 1980 y 2015, equivalente a una media de 91 000 dólares australianos (62 000 USD) por persona. Pero los activistas dijeron que había demasiadas diferencias en cómo se realizaban los procesos y en lo que se ofrecía; que la gestión de las compensaciones por abusos debería llevarla el gobierno para garantizar un sistema consistente y justo. Para el plan de reparación nacional, la Iglesia calculó que su parte de pagos equivaldría a mil millones de dólares australianos (680 millones de USD), equivalente a aproximadamente el tres por ciento del patrimonio de la Iglesia en el país (cuyo valor se estima en 30 mil millones de dólares australianos, 21 mil millones de USD). Aunque la Comisión recomendó un límite máximo para pagos individuales de 200 000 dólares australianos (136 000 USD), por desgracia el gobierno fijó este máximo en 150 000 dólares australianos (102 000 USD). Aún se pide que se aumente el límite hasta la cantidad recomendada por la Comisión Real, entre críticas de que solo el cinco por ciento de las solicitudes de compensación se ha procesado.
Los sobrevivientes de abusos también han obtenido compensaciones en tribunales civiles, ya que las conclusiones de la Comisión se han utilizado como pruebas en juicios. Uno de los poderes de la Comisión Real es que puede recomendar que ciertos casos se lleven a juicio y, para cuando terminó su trabajo en 2017, había remitido 2575 de estos a las autoridades, incluida la policía. En 2019 un sobreviviente de un agresor sexual en serie, el sacerdote Gerald Ridsdale, recibió 1 millón de dólares australianos (680 000 USD) en daños, después de que se le mostraran al tribunal pruebas de la Comisión que demostraban que la Iglesia había tenido conocimiento de los abusos a niños de Ridsdale y, a pesar de ello, le había trasladado de una parroquia a otra cada vez que había una denuncia. Ridsdale, el cual se cree que abusó sexualmente de cientos de niños a lo largo de 40 años, actualmente está cumpliendo una pena de prisión de 29 años por delitos sexuales contra menores.
Otra reforma legislativa incluye la abolición de la llamada «defensa de Ellis», utilizada por la Iglesia durante años para evitar demandas con el argumento de que las diócesis y archidiócesis católicas no existen legalmente, ya que sus activos se mantienen en un fideicomiso que estaba protegido frente a acciones legales. La Comisión Real recomendó que se eliminara esta defensa, ya que suponía un bloqueo legal a la hora de que los sobrevivientes de abusos buscaran justicia, y en 2018 el parlamento del estado de Victoria eliminó este vacío jurídico, ya que ahora se obliga a las organizaciones sin personalidad jurídica a nombrar a un representante con activos que pueda ser demandado. Nueva Gales del Sur siguió su ejemplo en 2019.
Conclusión
Gracias a la eficaz combinación del incansable trabajo y los relatos de los sobrevivientes con el periodismo implacable, así como a un agente policial que rompió filas, se crearon las condiciones políticas que llevaron a una gran investigación sobre los abusos sexuales a niños y niñas en las instituciones de toda Australia. Las conclusiones de la Comisión Real generaron un relato histórico oficial de la magnitud y la gravedad de los abusos en la Iglesia católica y en otras instituciones. La Comisión ayudó a llevar este asunto a la conciencia colectiva, especialmente gracias a una cobertura constante de su trabajo y sus hallazgos en los medios de comunicación. Sus recomendaciones llevaron a importantes reformas legislativas y de políticas, y al establecimiento de un plan de reparación nacional, y la propia investigación hoy en día se considera un modelo para la verdad y la rendición de cuentas por grupos de sobrevivientes a nivel internacional.