Abuso sexual infantil en la Iglesia católica de Chile y Polonia
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[16 de enero de 2020]
La Iglesia católica de Chile y Polonia ha sido siempre venerada, y ambos países siguen teniendo poblaciones de mayoría católica, pero en los últimos años un número creciente de sobrevivientes de abusos sexuales ha acusado al clero de abusar de ellos y a los obispos de encubrir la violencia sufrida. Como consecuencia de estas revelaciones, ambos países han sido testigos de una cobertura constante en los medios de comunicación de este asunto, algunas reformas legislativas, cambios en la actitud hacia la Iglesia católica, un aumento de la movilización de los sobrevivientes y mayores demandas de justicia y rendición de cuentas. Para este artículo hablamos con dos organizaciones que encabezan esta lucha en Chile y Polonia. (Descarga este artículo en PDF.)
Qué se sabe de este asunto
La Iglesia católica de Polonia, el país con la población católica más grande de europa, admitió en marzo de 2019 que 382 miembros del clero habían abusado sexualmente de 625 niños entre 1990 y 2018. Era la primera vez que la Iglesia presentaba datos sobre la magnitud del problema en el país, pero no reveló más detalles sobre los casos. No obstante, los activistas señalan que la información se obtuvo a partir de un cuestionario voluntario a las diócesis, por lo que las cifras pueden no ser totales. Anna Frankowska, consejera voluntaria y miembro del comité directivo de la Fundación No Tengas Miedo (Fundacja Nie lękajcie się), la única organización de Polonia que hasta hace poco ayudaba a los sobrevivientes de abusos por parte del clero con asesoramiento y asistencia jurídica, dice que las cifras de la Iglesia son llamativamente pequeñas, ya que representan únicamente al 0.8 por ciento del clero polaco. Cuando se comparan con otro país de mayoría católica como es Brasil, el propio Vaticano señaló en 2005 que el 10 por ciento del clero en Brasil, unos 1700 clérigos, eran delincuentes sexuales.
La Fundación No Tengas Miedo publicó en octubre de 2018, con sus propios datos, un mapa de conocidos casos de abusos por parte del clero en Polonia, el cual actualizan regularmente con información pública disponible y con los testimonios de sobrevivientes que se acercan a la Fundación. Hasta diciembre de 2019, el mapa detallaba casos en todo el país que afectan a unas 500 víctimas.
La magnitud de los abusos en Chile también se ha hecho más evidente en los últimos años, puesto que la recogida de datos y su publicación ha sido más sistemática. En julio de 2018, la Fiscalía denunció que había 36 investigaciones abiertas sobre abusos sexuales o su encubrimiento por parte del clero o de empleados de la Iglesia católica. Para mayo de 2019, el número de denuncias en investigación se había más que cuadruplicado, hasta las 166. Los casos involucraban a 221 acusados, entre ellos 10 obispos; y 248 víctimas, 131 de las cuales eran menores en el momento de los presuntos abusos. El número total de casos investigados hasta la fecha es mayor. Hasta noviembre de 2018 el registro nacional recogía información de más de 245 investigaciones.
Al igual que la Fundación de Polonia, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile también ha creado su propio mapa para documentar casos a nivel nacional. “La cifra crece y crece,” en palabras de Eneas Espinoza, miembro de la Red y sobreviviente de abusos sexuales en la infancia por parte del clero católico. En abril de 2019, la Red observó un total de 243 denuncias contra el clero o empleados de la Iglesia católica, según la información pública disponible. Esta cifra subió a 260 para agosto de 2019, y para enero de 2020 a 310. Además de recopilar información, la Red ofrece asesoramiento y apoyo a aquellos que han sufrido abusos en la Iglesia y presiona al gobierno para que emprenda acciones concretas que mejoren la rendición de cuentas de la Iglesia y el acceso a la justicia de los sobrevivientes.
Cuando se le pregunta por qué los sobrevivientes deberían hacer un seguimiento de estos casos, Espinoza señaló que ningún periodista o periódico de Chile se ha ocupado de este trabajo, ya que las noticias cubren los casos individualmente o se centran en personajes concretos de la Iglesia. «Las valoramos y agradecemos en tanto han ayudado a visibilizar estos crímenes, sin embargo notamos que sin la Red y el mapa, el cuadro general tiende a perderse y nuevamente la Iglesia Católica puede abonar su lógica de casos aislados, negando la cuestión de fondo, son crímenes sistemáticos y la responsable es la institución.»
Los abusos llegan a la conciencia colectiva
En Polonia el abuso sexual infantil en el seno de la Iglesia no se convirtió en una controversia sin vuelta atrás hasta 2018. Anteriormente, el problema se había reconocido muy despacio al principio. Un libro publicado hace seis años por un periodista holandés detallaba los relatos de víctimas polacas. Pero en aquel momento el asunto era aún «un auténtico tabú», explica Frankowska. Los sobrevivientes que hablaron con ella le dijeron que fueron «marginados, criticados, expulsados de sus familias» tras narrar los abusos que sufrieron. Sin embargo, los periódicos también comenzaron a informar de casos de abusos por parte del clero en artículos que, en opinión de Frankowska, constituyeron los primeros indicios de un cambio.
A partir de 2018, la industria del espectáculo ha tratado a este asunto con fuerza. El largometraje de 2018 Clero (Kler) sobre el lado oscuro de la Iglesia, que hablaba de corrupción, abusos a menores, codicia y alcoholismo, batió récords de taquilla, convirtiéndose en la película con mayor recaudación de la historia en Polonia. Aunque no se centraba exclusivamente en los abusos sexuales a menores, Frankowska defiende que la película reavivó el debate sobre este asunto en el país. Desde entonces, los abusos del clero han sido uno de los asuntos más comentados en los medios de comunicación nacionales. Frankowska dice que todas las semanas hay algún artículo publicado sobre nuevos casos de abusos por parte del clero, ya que los periodistas cubren con regularidad historias que les revelan los sobrevivientes.
Es posible que uno de los hechos más significativos de Polonia se produjera en mayo de 2019 con el lanzamiento en YouTube del documental No se lo digas a nadie (Tylko nie mów nikomu) sobre abusos sexuales a niños y niñas en la Iglesia católica polaca, el cual está disponible en línea con subtítulos en varios idiomas, incluido en español. La cinta contiene relatos de abusos de primera mano de los supervivientes y detalla cómo los sacerdotes que habían perpetrado abusos se trasladaban de una parroquia a otra, donde seguían estando en contacto con niños y niñas; cómo los obispos impedían a las víctimas y sus familias que demandaran; e incluye grabaciones de cámara oculta de las víctimas enfrentándose a sus agresores. Este documental se financió a través de una campaña de microfinanciación colectiva, ya que tuvieron dificultades a la hora de encontrar apoyos para el proyecto. A día de hoy, la película se ha visto más de 23 millones de veces, entre ellas más de 18 millones en Polonia (cuya población es de 38 millones). Frankowska opina que la decisión de no proyectar el documental en los cines y que, en lugar de eso, aparezca en YouTube, un sitio web gratuito para compartir vídeos, fue una elección innovadora.
En el caso de Chile, Espinoza explica que la fuerte movilización de los sobrevivientes ha sido clave para aumentar la visibilidad de este asunto. Que los sobrevivientes en la actualidad trabajen juntos de un modo organizado significa que los esfuerzos de la Iglesia para silenciar este asunto «dejaron de ser tan efectivas ante la evidencia presentada por los sobrevivientes ante la sociedad». Antes de esto, prevalecía siempre el relato de la Iglesia; el argumento de que los clérigos que cometían abusos eran simplemente «manzanas podridas». La Iglesia solía hablar públicamente de los abusos del clero solo como «casos aislados, errores, debilidades humanas, siempre se reconocían pecados y no delitos», dice Espinoza, que añade que «en general no había una disposición a aceptar que la Iglesia Católica tuviese el comportamiento de mafia encubridora de los delitos de los que estamos hablando».
En el primer caso sonado de abusos por parte del clero en Chile, en 2010, estaba involucrado Fernando Karadima, un sacerdote acusado por cuatro hombres de haber abusado de ellos cuando eran niños; un caso que implicaba a cuatro obispos por encubrir los abusos. Pero la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile cree que las primeras denuncias que aparecieron en 2018 sobre los abusos sexuales a escolares por miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas marcó un punto de inflexión, ya que ayudó a desencadenar una oleada de denuncias de sobrevivientes de abusos por parte de miembros de otras congregaciones en todo el país: los Jesuitas, los Salesianos y varios vicariatos. Espinoza cree que la subsiguiente cobertura por parte de los medios de comunicación internacionales, en concreto, ayudó a aumentar la visibilidad del caso de los Maristas y otros, ya que los periodistas encontraban similitudes con casos de Boston, Irlanda y Australia. Para añadir leña al fuego, el papa Francisco indignó a la sociedad chilena al acusar a los sobrevivientes en enero de 2018 de «calumnias» por decir que el obispo chileno Juan Barros era cómplice en el caso Karadima. Más adelante, Francisco aceptaría la dimisión de Barros.
Al preguntarle por qué cree que este asunto ha tardado tanto en llegar a la conciencia colectiva, Espinoza responde que el poder de la Iglesia católica es omnipresente en Chile, y que el tener contactos de alto nivel en política, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad juega a favor de la Iglesia. Explica que, para evitar que los casos salieran a la luz, la Iglesia influía en sus contactos políticos, presionaba a periodistas para que abandonaran las investigaciones y amenazaba con desacreditar a las víctimas. En concreto, Espinoza cree que la Iglesia de Chile tiene un fuerte vínculo con el Estado, el cual subvenciona el trabajo de la Iglesia con los pobres y sectores vulnerables a través de sus ONG, así como escuelas dirigidas por la Iglesia, centros de acogida para menores vulnerables y grupos de scouts. Esto preocupa a la Red de Sobrevivientes, ya que, dado el historial de la Iglesia, «[estos] no son espacios seguros donde se pueda pensar que estos crímenes no se repitan», dice Espinoza.
Respuesta estatal al escándalo
Al aumentar la visibilidad del asunto, los gobiernos chileno y polaco se han visto obligados a responder. En julio de 2019 Chile derogó la prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores. Espinoza ve esta reforma como «una de las piezas claves» en la lucha contra estos delitos, ya que la Iglesia de muchos países ha intentado silenciar a las víctimas precisamente para que transcurra suficiente tiempo, prescriban los delitos y los sobrevivientes no puedan emprender acciones legales contra los que abusaron de ellos. Sin embargo, la reforma no es retroactiva, lo que significa que para delitos perpetrados antes de que la nueva ley entrara en vigor, se aplican los plazos de prescripción antiguos, así que las víctimas tienen hasta un máximo de solo 10 años desde que cumplen 18 para emprender acciones legales.
También en Polonia el Parlamento ha votado a favor de eliminar la prescripción de los casos más graves de abusos sexuales a menores. Esto forma parte de una serie de reformas que también ha aumentado las penas de prisión para crímenes sexuales contra menores a un máximo de 30 años y ha elevado la edad de consentimiento a 16. Las reformas se produjeron pocas semanas después del lanzamiento de No se lo digas a nadie, el cual, quizás estratégicamente, vio la luz durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y meses antes de las elecciones generales de Polonia. Ciertos analistas creen que la fecha de lanzamiento de este largometraje influyó en la rápida serie de reformas del gobierno.
No obstante, Frankowska avisa de que la eliminación de la prescripción aún no es una ley. La enmienda se ha enviado al Tribunal Constitucional, el órgano que supervisa el cumplimiento del derecho estatutario en la Constitución de Polonia, para el cual hay que señalar que el Parlamento polaco ha elegido, en medio de fuertes controversias, a dos antiguos legisladores del partido conservador, actualmente en el gobierno, Ley y Justicia (PiS), el cual mantiene estrechos lazos con la Iglesia católica, en una decisión que los críticos consideran ilegal.
En cuanto al sistema judicial, los fiscales tanto de Polonia como de Chile han mostrado su voluntad de investigar denuncias de abusos por parte del clero incluso aunque hayan prescrito. En Chile, la Fiscalía declaró en julio de 2018 «Que se investigue con rigurosidad todos los delitos sexuales; que todas las fiscalías del país llamen a denunciar, ya que es la única manera de conocer la información. La instrucción es investigar todas las denuncias, estén o no prescritas». Más recientemente, en Polonia, el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo en octubre de 2019 concediendo 100 000 € en concepto de daños a un sobreviviente de abusos por parte del clero, a pesar de que el caso ya había prescrito. El juez que presidía el tribunal dijo: «hay que observar los principios generales de equidad, y las denuncias de los sobrevivientes no pueden verse excluidas por plazos de prescripción».
Este fallo es uno de los dos importantes precedentes establecidos por los tribunales de Polonia. El otro tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando un tribunal dictaminó que la Iglesia católica era indirectamente responsable y debía compensar a una mujer de la que un sacerdote había abusado en la infancia. Era la primera vez en el país que un órgano de la Iglesia era declarado responsable según la legislación civil por las acciones delictivas de un sacerdote. La sobreviviente recibió 250 000 € como compensación, más una pensión mensual para el resto de su vida. No obstante, es preocupante que el Tribunal Supremo polaco más adelante concediera a la Iglesia católica la autorización para apelar contra el fallo del tribunal inferior. Los abogados de la sobreviviente están actualmente intentando demostrar que algunos jueces asignados a este caso no son independientes, entre ellos uno que es profesor en la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin. Frankowska explicó que «el abogado de la sobreviviente ha solicitado que se cambie la composición de los jueces para garantizar un juicio justo, y esta solicitud fue respaldada por una opinión judicial de la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos, y actualmente parece que serán asignados al caso nuevos jueces.»
En general, tanto Frankowska como Espinoza no creen que la respuesta esté exclusivamente en los tribunales. «Aunque, como abogada, creo que no avanzaremos hasta que la Iglesia comience a pagar indemnizaciones a los sobrevivientes, soy muy consciente del hecho de que el sistema judicial aquí es altamente ineficaz, y de que la batalla dura muchos años», dijo Frankowska, que admite que no todos los sobrevivientes pueden soportar el estrés de un juicio. «Cuando ves por lo que tienen que pasar los sobrevivientes en un proceso judicial, cómo se alarga, ves cuántas veces tienen que contar su historia, cómo se les cuestiona»; en estos casos, Frankowska dice que los abogados que representan a los sobrevivientes se conforman con pedir que la Iglesia devuelva el coste de la terapia por la que estos han pasado durante años. Espinoza también cuestiona la capacidad del sistema judicial chileno para gestionar tantas denuncias, ya que los sobrevivientes están viendo cómo sus juicios sufren retrasos de hasta años.
Enfrentar un pasado de abusos
Frankowska dice que, tras el lanzamiento de No se lo digas a nadie, la Fundación No Tengas Miedo recibió un «tsunami de llamadas», unas 100 al día, de sobrevivientes. Una vez que se creó la página de microfinanciación de la organización, esta recibió 50 000 € en diez días, lo que, señala, «es mucho en Polonia». Al darse cuenta de que se les estaban notificando muchos nuevos casos, la Fundación investigó cómo se había gestionado la crisis en otros países.
Activistas de todo el mundo coinciden en que los casos que salen a la luz en cualquier país son solo la punta del iceberg. Al enfrentarse a escándalos similares, múltiples países han establecido investigaciones nacionales independientes, conocidas también en ocasiones como comisiones de la verdad, para abordar los abusos sexuales del pasado en las instituciones. Estos mecanismos producen un relato histórico veraz de los acontecimientos, y a menudo abren el camino a reformas legislativas y reparaciones. Frankowska señala que, basándose en las experiencias de otros países, la Fundación No Tengas Miedo determinó que en Polonia se necesitaba una comisión de la verdad. Así, la organización redactó una iniciativa legislativa popular que permitiera a los sobrevivientes presentar denuncias sobre abusos en el pasado y que posibilitara la creación de una comisión de la verdad y la compensación independiente.
Sin embargo, al mismo tiempo el partido gobernante, Ley y Justicia (PiS), presentó su propio proyecto de ley (ya aprobado) que estipula el establecimiento de una comisión dirigida por el gobierno para abordar todos los casos de abusos sexuales en la infancia en todas las instituciones, religiosas o de otro tipo. Aunque la investigación supone un movimiento positivo hacia la tolerancia cero con los abusos sexuales en la infancia en general, Frankowska opina que el gobierno está intentando distraer la atención de los abusos por parte del clero al ampliar el alcance de la investigación, a pesar de que «la Iglesia es la única institución que sepamos que oculta y protege a los sacerdotes autores de abusos».
También preocupa la independencia de la comisión gubernamental, dado que sus miembros serán elegidos por políticos en lugar de expertos. Frankowska ha declarado que «es un enorme reto lograr que la comisión sea independiente de la Iglesia católica, dada la composición del Parlamento polaco, en el que los conservadores tienen mayoría».
En Chile, la Red de Sobrevivientes dice que, aunque nadie en el país ahora niega que los abusos por parte del clero son un problema, el historial de abusos de la Iglesia sigue bastante desatendido. Por tanto, la Red de Sobrevivientes de Chile también está pidiendo que se establezca una comisión de la verdad y la reparación independiente. La primera vez que solicitaron una comisión fue en 2018 y, meses después de reunirse con el gobierno para discutir la petición, Espinoza dice que la Red de Sobrevivientes descubrió de casualidad que el presidente Sebastián Piñera había rechazado la propuesta, aunque nunca les había enviado una respuesta o explicación oficial. Por el momento, Chile es el único país de América Latina en el que los sobrevivientes han solicitado en común una comisión de la verdad, pero forman parte de una tendencia existente en otros países de mayoría católica, entre ellos Polonia, Italia y España.
De lo global a lo local
Sin duda, el modo en el que algunos países han lidiado con sus propios escándalos de abusos por parte del clero puede ayudar a conformar los pasos que dan los sobrevivientes de otros estados en busca de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, ambas organizaciones, tanto la de Chile como la de Polonia, reconocen el papel fundamental que desempeñan las organizaciones internacionales de sobrevivientes. Ambas son miembros del grupo activista Ending Clergy Abuse (ECA) - Global Justice Network, el cual se centra en la justicia y la rendición de cuentas para los sobrevivientes. Para Espinoza, «una Red de redes es clave», ya que el asunto de los abusos por parte del clero y las tácticas de la Iglesia se han vivido en todo el mundo. «Porque este flagelo es global, nuestra respuesta también lo es», dice Espinoza.
Frankowska también señala que las organizaciones internacionales como ECA y SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes) han «desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar el movimiento aquí [en Polonia]». Explica que «buscamos orientación de sobrevivientes de otros países, como los EE. UU., en cuanto a estrategia, siguientes pasos... Miramos hacia países que están más avanzados a la hora de garantizar que la Iglesia paga indemnizaciones y se sanea».
La confianza pública en la Iglesia flaquea
La mayor concienciación sobre los escándalos de abusos por parte del clero tanto en Chile como en Polonia también ha provocado un cambio en la actitud hacia la Iglesia católica. En un caso revelador de la ciudad polaca de Gdansk, después de que tres activistas derribaran una estatua del prelado Henryk Jankowski, que fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, y mientras los seguidores de Jankowski volvían a erigirla, las autoridades locales terminaron por ceder ante la presión popular y retiraron la estatua para siempre. En un país en el que aproximadamente el 87 por ciento de los ciudadanos se identifica como católico, el mayor porcentaje entre los países europeos, esto es significativo. Días después se estrenó No se lo digas a nadie. Su director, Tomasz Sekielski dijo que la película «ha sido como una sacudida para la sociedad polaca», mientras que el analista político Marcin Zaborowski declaró que esta había «comenzado a erosionar la posición de la Iglesia católica en Polonia».
Tras el lanzamiento del largometraje, un sondeo de opinión reveló que el 87 por ciento de los polacos encuestados estaba de acuerdo en que la autoridad de la Iglesia había disminuido, mientras que el 67 por ciento consideraba que la respuesta de la Iglesia al escándalo de los abusos sexuales a menores era inadecuada. Cabe destacar que Polonia tiene también la mayor brecha intergeneracional en cuanto a asistencia a la Iglesia de entre 53 países encuestados por el Centro de Investigaciones Pew. Este descubrió que, mientras el 55 por ciento de los adultos de más de 40 años de edad asistía a la Iglesia todas las semanas, solo el 26 por ciento de los menores de esa edad lo hacían. El número de sacerdotes recién ordenados también ha caído ininterrumpidamente en los últimos 10 a 15 años, dice Frankowska, y a la Iglesia le cuesta mantener los seminarios abiertos.
No obstante, el apoyo a la Iglesia es aún muy evidente. Sobre las relaciones Iglesia-Estado en Polonia, Frankowska dice que la Iglesia católica mantiene fuertes lazos con el partido en el gobierno, Ley y Justicia (PiS), y que, en pequeñas ciudades y pueblos, muchos sacerdotes apoyan abiertamente a este partido, el cual en general aboga contra los derechos LGBT y la educación sexual. Algunos también opinan que, puesto que hubo un papa polaco, Juan Pablo II, que fue canonizado en 2014, la Iglesia de Polonia es ahora «intocable». De hecho, durante un mitin en mayo de 2019, el líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, proclamó que «cualquiera que levante su mano contra la Iglesia, es que quiere destruirla».
Espinoza comenta que algunos políticos de Chile también perciben la lucha de su Red como una lucha contra la fe o la religión. Pero «nuestra lucha es contra una institución abusadora y encubridora», dice. No obstante, agradece que los chilenos estén ahora mejor dispuestos hacia aquellos que llevan a la esfera pública el asunto de los abusos sexuales por parte del clero.
Al igual que en Polonia, la actitud hacia la Iglesia católica de Chile está cambiando, pero más drásticamente. Su autoridad ha disminuido en gran medida en los últimos años, con la legalización del divorcio en 2004 y la suavización, en 2017, de la prohibición total del aborto en Chile, anteriormente una de las más restrictivas del mundo, a pesar de la oposición activa de la Iglesia. Las encuestas muestran un cambio cultural aún más evidente que se aleja de la Iglesia. Mientras que en 1995 el 73 por ciento de los chilenos se identificaba como católico, en 2017 la cifra cayó hasta el 45 por ciento, según la encuesta regional de Latinobarómetro. Al año siguiente, solo el 27 por ciento de los encuestados dijo que confiaba en la Iglesia «mucho» o «algo», en comparación con el 61 por ciento del 2010, y la cifra más baja de todos los países latinoamericanos. Y se cree que una de las causas de esta desigualdad es la aparición de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica de Chile.
Y ahora, ¿qué?
En cuanto a los cambios que es necesario que se produzcan a nivel global, tanto Espinoza como Frankowska opinan que la rendición de cuentas de todos los delincuentes, tanto si son agresores directos como si encubrieron los abusos, así como las compensaciones para los sobrevivientes, son cruciales. Por su parte, el trabajo de Frankowska consistirá en ir tras altos cargos de la Iglesia por proteger a los autores de abusos. Pero lamenta que «en este momento sentimos que, al contrario que en Chile, es muy poco probable que les ocurra algo a los obispos culpables de Polonia». El primado Wojciech Polak ha insistido en que no era necesario que ningún obispo dimitiera, incluso aunque la Fundación No Tengas Miedo publicara un informe que nombraba a 24 obispos de la Iglesia católica polaca que habían encubierto los abusos sexuales a menores.
En cuanto a Chile, Espinoza reiteró la necesidad de una comisión de la verdad en su país. «El país requiere de una verdad histórica que dé cuenta de las aberraciones cometidas y se de reparación y justicia a los que quedamos vivos.» El reto más acuciante es el de influir en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, Espinoza dice que, mientras que los principales periódicos de Chile cubren los escándalos de abusos por parte del clero, es casi imposible que los periódicos locales de pueblos y pequeñas ciudades informen del asunto «por las influencias y el peso de la Iglesia Católica en aquellas comunidades», y añade que «alejarse de los grandes centros urbanos es aumentar la impunidad». La situación se repite en Polonia, donde Frankowska declara que aún es muy necesario concienciar sobre este asunto, especialmente en ciudades pequeñas y pueblos en los que los sacerdotes siguen siendo «muy venerados y considerados invencibles». Dice que aún hay muchos lugares de Polonia en los que las familias no creen a sus hijos cuando les dicen que han sufrido abusos, y buscan el apoyo del sacerdote local. Pero «estas historias son poderosas, desgarradoras, inquietantes, así que necesitamos que la información llegue a la gente».