Hacia una mayor transparencia y participación ciudadana: La importancia del Acuerdo de Escazú
“El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad clave para la democratización de la justicia climática en América Latina y el Caribe. Aunque su implementación se enfrenta a retos en la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente, especialmente los jóvenes y los niños y niñas, sigue siendo una prioridad urgente. Aunque persisten obstáculos, avanzar en su ratificación e implementación efectiva, como en Colombia, puede romper el ciclo de violencia e impunidad, asegurando el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano. Con acciones concretas, el acuerdo puede convertirse en un motor para un futuro más justo y resiliente.” – Juan David Amaya
¿Qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante para los derechos del niño?
El Acuerdo de Escazú (versión adaptada a los niños) es un tratado pionero en América Latina y el Caribe cuyo objetivo es garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos medioambientales. En vigor desde 2021, el Acuerdo de Escazú es crucial para la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la región.
El pasado mes de abril, tuvo lugar en Chile la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú para evaluar los avances, retos y pasos necesarios para su efectiva implementación. Como activista medioambiental colombiano y defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, participé en la COP 3 para insistir en la urgencia de que mi país ratifique y aplique el Acuerdo, así como para exigir la inclusión de las generaciones más jóvenes en los procesos de toma de decisiones.
Junto con más de 700 participantes - entre ellos representantes estatales, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes activistas y defensores indígenas del medio ambiente - entablamos debates de alto nivel sobre el refuerzo del acceso a la información medioambiental, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales.
El Acuerdo de Escazú es una piedra angular para los derechos medioambientales de los niños, niñas y adolescentes, ya que establece mecanismos claros para su acceso a la información, su participación en la gobernanza medioambiental y su protección cuando actúan como defensores y defensoras del medio ambiente o de los derechos humanos. Su aplicación es fundamental, no sólo para salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano, sino para garantizar la equidad intergeneracional y la resiliencia frente a la crisis ecológica.
Retos de Colombia
Colombia es un país de impresionante belleza, con paisajes que van desde los majestuosos Andes, pasando por la selva amazónica, hasta las costas del Caribe y el Pacífico. Su extraordinaria biodiversidad también la convierte en una de las naciones con mayor diversidad ecológica del mundo.
Sin embargo, el país también se enfrenta a una grave crisis en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente. Colombia se ha clasificado en repetidas ocasiones como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, registrando el mayor número de asesinatos a nivel mundial, según Global Witness (2024). La violencia contra quienes protegen la tierra y sus ecosistemas sigue aumentando, con numerosos casos de amenazas, ataques y criminalización. Más allá de la violencia, la minería ilegal, la deforestación y otras prácticas insostenibles han provocado una alarmante degradación medioambiental. La diversidad de ecosistemas del país y la presencia de numerosas comunidades indígenas hacen también más compleja la gobernanza medioambiental.
La ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú en Colombia son esenciales para hacer frente a estos daños medioambientales y retos en materia de derechos humanos.
Aunque se ha avanzado en el desarrollo de políticas y mecanismos que protejan mejor a los defensores y defensoras del medio ambiente, siguen existiendo retos no sólo en Colombia sino en toda la región de ALC. Es necesaria una mayor coordinación entre organizaciones e instituciones, así como una participación ciudadana más inclusiva y eficaz.
¿Cómo se aplica correctamente?
En la COP 3 se identificaron varios puntos clave para una aplicación eficaz, como el refuerzo de las capacidades institucionales, la obtención de recursos financieros adecuados y la creación de mecanismos legales para que las personas y las comunidades puedan obtener reparación por daños medioambientales. También se hizo especial hincapié en la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
Pero las palabras sobre el papel también deben traducirse en acciones concretas tanto a escala nacional como internacional. Necesitamos un compromiso continuado para proteger tanto el medio ambiente como los derechos humanos, junto con los diversos grupos de personas que los defienden. Trabajando juntos, podemos avanzar hacia un futuro en el que los principios del Acuerdo de Escazú se valoren como es debido.
Protección de los niños, niñas y adolescentes que actúan como defensores y defensoras de los derechos humanos
En la COP 3, los Estados aprobaron el Plan de Acción sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, un instrumento histórico que esboza medidas específicas para salvaguardar a los defensores y las defensoras del medio ambiente, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Aunque el plan proporciona un marco sólido para la salvaguarda, se necesita un protocolo complementario para reforzar aún más las medidas de protección, asegurar el acceso efectivo a la justicia y garantizar reparaciones para las personas afectadas por conflictos medioambientales. Esta recomendación ha sido ampliamente debatida entre la sociedad civil y coincide con los llamamientos realizados por los defensores durante la COP 3.
Los niños, niñas y adolescentes defensores y defensoras de los derechos humanos están cada vez más en primera línea del activismo medioambiental, alzando sus voces como testigos cuando su futuro se ve amenazado. Pero esta valentía se topa a menudo con amenazas, intimidación e incluso violencia. El Acuerdo de Escazú (junto con el Plan de Acción sobre defensores y defensoras de los derechos humanos) proporciona herramientas fundamentales para hacer frente a estos riesgos. Por ejemplo, el Plan incluye disposiciones para establecer espacios seguros donde los jóvenes defensores puedan compartir sus experiencias , acceder a apoyo psicológico y jurídico y recibir formación sobre prevención de riesgos. El Acuerdo también hace hincapié en la creación de programas educativos que conciencien sobre los riesgos a los que se enfrentan los defensores y las defensoras del medio ambiente y el papel que desempeñan en la defensa de los derechos medioambientales y humanos.
Reforzar la protección y la participación
A pesar de estos avances, es necesario seguir actuando para garantizar un enfoque integral y basado en los derechos para el liderazgo y la protección medioambiental de los niños, niñas y adolescentes.
Entre las principales recomendaciones figuran las siguientes:
Establecer espacios seguros permanentes dentro de las instituciones nacionales de derechos humanos donde los jóvenes defensores y defensoras del medio ambiente puedan acceder a asistencia jurídica, apoyo psicológico y protocolos de seguridad.
Mejorar los marcos jurídicos para reconocer y proteger explícitamente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes defensores y las defensoras del medio, garantizando que los casos de violencia e intimidación se investigan y sancionan de forma efectiva.
Ampliar los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de evaluación de riesgos adaptados a las realidades de los y las jóvenes defensores y defensoras, especialmente en las regiones de alto riesgo.
Fortalecer el papel de los y las jóvenes defensores y defensoras y garantizar su participación directa en el diseño y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la gobernanza medioambiental.
Proteger a las personas y al planeta
El Acuerdo de Escazú es un instrumento clave para fortalecer la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Su ratificación e implementación en Colombia garantizaría mayor protección a los defensores y las defensoras del medio ambiente, acceso efectivo a la justicia en materia ambiental y transparencia. En un país donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son temas urgentes, avanzar con Escazú no es una opción, es una necesidad.
Juan David Amaya es asesor climático de CRIN y activista socioambiental residente en Colombia. Es miembro fundador de Life of Pachamama, dedicada a construir una sociedad resiliente, justa y equitativa.