Romper el silencio, enfrentar las barreras: Las dos caras de la justicia en América Latina
Para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en contextos institucionales, los intentos de buscar justicia pueden tener resultados muy diferentes. Este artículo analiza dos casos recientes de abuso por parte del clero católico en América Latina, comparando los avances logrados en Bolivia con el retroceso en Argentina, donde la Corte Suprema anuló una de las condenas más importantes del país.
En toda América Latina, los y las sobrevivientes de abuso sexual infantil están liderando los esfuerzos para poner fin a los ciclos de impunidad. Si bien la mayor parte de la violencia sexual se realiza dentro del hogar, también ocurre a puerta cerrada en las instituciones y, en América Latina, ninguna otra institución ha enfrentado tantas denuncias de abuso como la Iglesia Católica. Gracias a su valentía, los y las sobrevivientes han logrado condenas sin precedentes contra figuras de la Iglesia Católica latinoamericana, desde sacerdotes locales hasta arzobispos y cardenales que ocultaron los abusos. Los y las sobrevivientes están demostrando que la justicia es posible cuando se unen, rompen el silencio y luchan por la rendición de cuentas.
A su vez, muchas víctimas siguen enfrentándose a importantes obstáculos que les impiden acceder a la justicia. Entre los más perjudiciales se encuentran los plazos de prescripción, en virtud de los cuales se limita el número de años que una víctima tiene para presentar una denuncia contra su agresor. Dado que la mayoría de los y las sobrevivientes tardan décadas en aceptar y denunciar los abusos (un proceso conocido como “divulgación tardía”), ya sea por el trauma, el miedo, el estigma o la falta de apoyo, los plazos de prescripción pueden eliminar la responsabilidad simplemente porque un sobreviviente «tardó demasiado» en revelar los hechos. Aunque el número de países latinoamericanos que han abolido los plazos de prescripción está aumentando, sigue siendo un problema en países como Argentina.
Este artículo analiza dos casos recientes de abuso por parte del clero católico en América Latina, comparando los avances logrados en Bolivia con una sentencia reciente en Argentina, donde la Corte Suprema anuló una de las condenas más importantes del país, poniendo de relieve el daño que los plazos de prescripción causan a las víctimas.
Romper el silencio: un paso histórico en Bolivia
El 2 de septiembre de 2025, un tribunal boliviano condenó a dos sacerdotes jesuitas españoles, Marcos Recolons y Ramón Alaix, a un año de prisión. Fueron condenados por encubrir décadas de abusos sexuales a menores cometidos por su compañero y ex cura Alfonso Pedrajas. Aunque la sentencia fue criticada por ser «muy corta», el caso no tiene precedentes en Bolivia, ya que es la primera vez en la historia del país que altos cargos jesuitas son condenados penalmente por ocultar abusos sexuales cometidos por clérigos contra niños. Es importante destacar que el juez también ordenó a la fiscalía ampliar la investigación para incluir a todos los actores relacionados con el caso, incluidos otros jesuitas en Bolivia, otros funcionarios de la Iglesia que tenían conocimiento de los abusos y otros agresores que siguen vivos.
La red nacional de sobrevivientes, Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), uno de los aliados de CRIN en el proyecto latinoamericano para poner fin al abuso sexual infantil institucional, desempeñó un papel fundamental a lo largo del proceso judicial, litigando el caso y garantizando que las voces de los supervivientes siguieran estando en primer plano. Tras el veredicto, la CBS emitió un comunicado en el que acogía con satisfacción la condena y destacaba que su lucha tenía como objetivo establecer la verdad. Su presidente, Wilder Flores, calificó la decisión como el «comienzo» de un camino largamente esperado hacia la justicia. Pocos días después, la CBS organizó una concentración en la plaza principal de Cochabamba, donde los sobrevivientes y sus aliados celebraron juntos las condenas. Para ellos, la sentencia representaba una victoria histórica y una fuente de empoderamiento colectivo.
El caso recibió una amplia cobertura nacional e internacional (El País, Reuters, Associated Press, France 24), y los principales medios de comunicación informaron sobre el veredicto y se centraron en el papel de las sobrevivientes para lograrlo. Muchos describieron la sentencia como «innovadora», subrayando tanto el precedente que sienta en Bolivia como el impulso que da para llevar a cabo investigaciones más amplias sobre los abusos del clero.
Sin embargo, este impulso no está presente en toda América Latina. En un país en particular, la lucha de los sobrevivientes se topó con un gran obstáculo este año.
Barreras a las que se enfrentan: la prescripción en Argentina
En Argentina se han presentado muchas denuncias y se han dictado muchas condenas contra clérigos abusivos, pero el acceso a la justicia sigue siendo un reto para los sobrevivientes cuyos casos ya no pueden ser juzgados por los tribunales porque ha expirado el plazo de prescripción.
En Argentina, una reforma legal estableció que los plazos de prescripción para los casos de abuso sexual infantil cometidos después de 2015 son de hasta doce años, a partir del momento en que la víctima presenta la denuncia como adulto. Sin perjuicio de ello, los plazos de prescripción siguen negando justicia a los sobrevivientes de abuso sexual infantil, y una decisión reciente en el caso de Justo José Ilarraz en Argentina demuestra la necesidad de reformas legales.
Ilarraz, un antiguo sacerdote de la ciudad de Paraná, abusó de al menos siete seminaristas de entre 12 y 15 años entre mediados de la década de 1980 y principios de la de 1990. Tras años de silencio, los sobrevivientes finalmente lograron denunciar los abusos y llevar el caso a juicio. En 2018, Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual agravado.
En julio de 2025, tras solo siete años de condena, la Corte Suprema de Argentina anuló la sentencia de Ilarraz en una controvertida decisión. El Tribunal declaró prescrito el caso y lo absolvió, dictaminando que los presuntos abusos no podían considerarse crímenes de lesa humanidad ni violaciones graves a los derechos humanos según el derecho internacional. Hizo hincapié en que la prescripción seguía vigente, ya que los plazos de prescripción forman parte del derecho penal sustantivo y están protegidos por el principio de legalidad, que impide la ampliación retroactiva en detrimento del acusado. Al tratarse de uno de los casos de abuso infantil más conocidos de Argentina, la sentencia recibió una considerable cobertura mediática, tanto a nivel nacional (El Litoral, Infobae, La Nación, Clarín, La Izquierda Diario, Página 12, Perfil) como internacional (El País, Swissinfo).
La decisión no solo puso fin al caso de Ilarraz, sino que también sentó un peligroso precedente. Desde entonces, otros sacerdotes acusados de abusos han evitado el juicio invocando el mismo argumento de la caducidad de los plazos de prescripción, lo que ha provocado un efecto dominó de impunidad. En respuesta a la sentencia, la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos del país, Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, declaró: «Los plazos de prescripción no significan inocencia. Significan impunidad».
Reconociendo que los plazos de prescripción agravan el sufrimiento de los sobrevivientes y sirven para proteger a los autores, los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido desde hace tiempo que el abuso sexual infantil requiere un enfoque jurídico diferente, que tenga en cuenta el largo tiempo que pueden tardar los sobrevivientes en revelar lo sucedido. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC) instó este año a Argentina a eliminar los plazos de prescripción para los casos de abuso sexual infantil, subrayando que estas leyes niegan el derecho de los niños y niñas a la justicia.
La historia de dos países
CRIN quiere destacar las dos realidades contrastantes de los sobrevivientes de abuso sexual infantil en América Latina. Por un lado, la sentencia del tribunal boliviano contra los funcionarios jesuitas marca un hito histórico, ya que muestra cómo los esfuerzos liderados por los sobrevivientes pueden romper los ciclos de silencio, garantizar la rendición de cuentas y generar impulso para un cambio sistémico más amplio. Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema de Argentina en el caso Ilarraz expone el impacto devastador de los plazos de prescripción, que siguen protegiendo a los perpetradores.
En conjunto, estas historias ponen de relieve tanto los avances como los retrocesos en la región: la justicia es posible cuando los sobrevivientes se movilizan, pero la rendición de cuentas también requiere desmantelar barreras estructurales como los plazos de prescripción que perpetúan la impunidad. El camino a seguir exige que los sistemas jurídicos se adapten a las realidades del abuso sexual infantil, garantizando que nunca sea «demasiado tarde» para que un sobreviviente diga la verdad.